02 de Septiembre de 2010
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Entra en vigor la polémica ley de medios de Argentina, pese a estar en los tribunales
El gobierno de Argentina firmó ayer un decreto que pone en vigencia una polémica ley que cambiará sustancialmente el panorama de los medios radiales y televisivos en el país.
El artículo más cuestionado afecta las compañías multimedios.
La firma de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner permitió que se publicara en el Boletín Oficial la reglamentación de la nueva ley de medios audiovisuales, que el Congreso sancionó en octubre de 2009, tras un debate que -según la oposición- estuvo plagado de irregularidades.
Esos cuestionamientos llevaron a que varios jueces ordenaran medidas cautelares que congelaron la aplicación de la norma. Pero, a pesar de que la Justicia aún debe resolver varios planteos pendientes, el gobierno argentino decidió oficializar la nueva legislación llamada Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que divide el espacio radioeléctrico en tres partes iguales entre el Estado, el sector privado y las organizaciones sin fines de lucro.
La norma también reduce de 24 a 10 los servicios abiertos de radio y televisión en poder de un solo dueño y prohíbe a una empresa que posee un canal abierto ser también propietaria de un servicio de televisión por cable en la misma localidad.
El artículo 161, el más cuestionado, es el que obliga a las compañías que actualmente tienen más de 10 licencias de radio o televisión a desprenderse de los medios excedentes en el plazo de un año.
Según el gobierno, la nueva ley "desconcentra y desmonopoliza" el mercado mediático. En cambio, para los opositores se trata de una estrategia oficialista para que el Estado aumente su control sobre los medios. Varios referentes de la oposición consideran que la norma no puede entrar en vigencia mientras existan medidas cautelares que aún no han sido resueltas por la Justicia y anunció que buscará derogarla.
El más perjudicado por la nueva ley de medios es el Grupo Clarín, el principal multimedios del país, que desde hace dos años mantiene una fuerte enemistad con el gobierno, luego de haber apoyado la protesta agraria que desestabilizó los primeros meses de la gestión de Fernández, en 2008.
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