31 de Agosto de 2010
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Amnistía Internacional pide a los Gobiernos actuar contra las desapariciones forzosas
Decenas de miles de personas en todo el mundo siguen desaparecidas por motivos políticos, denunció ayer Amnistía Internacional en un comunicado con motivo de la conmemoración del Día Internacional de los Desaparecidos y pidió a los Gobiernos actuar contra esa "práctica abominable" de la que se han registrado casos en más de ochenta países.
Desde que el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones forzadas comenzó a documentar casos hace 30 años, se han registrado en todo el mundo 53.232 casos y en 42.600 de ellos, que atañen a 82 países, se sigue sin conocer el paradero de la víctima.
"Estas son las cifras denunciadas ante la ONU. Pero sin duda, el número de personas que siguen desaparecidas en todo el mundo es dramáticamente muy superior", señaló AI en el comunicado difundido ayer en Madrid con motivo de la conmemoración del Día Internacional de los Desaparecidos.
"Hoy día, decenas de países en todo el mundo siguen utilizando la práctica ilegal de la desaparición forzada amparados en la excusa de la seguridad", añade el documento y recuerda que "sólo en 2009, Naciones Unidas ha derivado cientos de denuncias de desaparición forzada a 25 gobiernos de todos los continentes".
Amnistía pidió a todos los gobiernos que inicien "investigaciones imparciales" sobre los casos de desapariciones forzadas, lleven ante los tribunales a los responsables y ratifiquen la Convención sobre Personas Desaparecidas de Naciones Unidas "para luchar contra esta práctica abominable".
Según el último informe del Grupo de Trabajo de la ONU, la Argentina ocupa el tercer puesto en el triste ránking de países con mayor número de casos de desaparición sin resolver y Guatemala está quinto, seguido por Perú, El Salvador, Colombia y Chile.
Justamente, en un homenaje realizado en el Cementerio General de Santiago, los familiares de los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos durante la dictadura de Augusto Pinochet advirtieron ayer al Gobierno chileno que "no aceptarán la impunidad" de los responsables de las violaciones de derechos humanos.
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